Entonces, ¿enlazar es legal?


El jaleo es descomunal. Enlazar es legal o no dependiendo de a quien pregunten. Y eso significa que el Ordenamiento Jurídico ha fallado.

Y ha fallado porque uno de los principios inspiradores de nuestro Derecho es el de la seguridad jurídica, precisamente el derecho de los ciudadanos a conocer si algo es acorde a la legalidad vigente o no.

Pero descuiden, no es algo nuevo; ya apuntaba el Profesor García De Enterría hace años que “la seguridad jurídica es una exigencia social inexcusable” pero“constantemente deficiente”.

¿Por qué digo esto? Pues porque a fecha de hoy no existe en nuestro panorama judicial certeza en torno a la legalidad o no de los enlaces, máxime después de la reciente aprobación el pasado 31 de diciembre del Reglamento por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, que desarrolla la conocida como Ley Sinde.

Por ponernos en antecedentes, se hace preciso indicar tanto la doctrina como la Jurisprudencia mayoritarias consideran, con carácter general, que el uso de enlaces no constituye, en sí mismo, una infracción de derechos de propiedad intelectual, por lo que prohibir la utilización de este tipo de enlaces ocasionaría un grave perjuicio a quienes los utilizan, al mermar una de las principales cualidades de Internet, que no es otra que la rápida localización de información y contenidos.

Paradigma de esta línea argumental es el Auto nº 582/2.008 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª), de 11 de septiembre que, con ocasión de la demanda interpuesta frente a los titulares de la página web “www.sharemula.com”, se pronunció considerando que el enlace “no supone infracción de los derechos de propiedad intelectual. 

Este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que “teclear” el nombre de esa página”.

En idéntico parecer se pronunció el Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicialal proyecto de Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. 

Dicho Informe indicaba que en el caso de herramientas de enlaces a páginas web,“conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual”.

Pero esta línea argumental no es pacífica, apareciendo en los últimos tiempos opiniones minoritarias que discrepan de lo anterior y consideran que de la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual no se infiere que las actividades que realice un enlazador queden fuera del ámbito de aplicación de la ley, ya que son actividades a través de las cuales tienen acceso a las obras protegidas una pluralidad de personas sin el previo consentimiento de sus titulares.

Dichas opiniones se vieron respaldadas el pasado mes de octubre a través de la que, tal vez, se haya convertido en la sentencia más controvertida en materia de enlaces, no ya sólo por el giro jurisprudencial operado en ella, sino por provenir de un órgano judicial de la entidad de una Audiencia Provincial. 

Se trata de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya en el Procedimiento núm. 506/09, en el caso de las páginas web de enlaces “fenixp2p.com” y “mp3-es.com”, que condenó a los titulares de dicha web a pena de cárcel por entender la Sala que sí se estaría produciendo un acto de comunicación pública típico de acuerdo con lo previsto en el art. 270 CP, siendo ésta la primera sentencia de una Audiencia Provincial que se ha atrevido a categorizar el suministro de enlaces como un acto de comunicación pública.

Lo anterior podría resultar incluso anecdótico si no fuese porque, tal y como anunciaba, el pasado día de fin de año, el Gobierno aprobaba el conocido como Reglamento de la Ley Sinde, el cual ampara a un órgano de naturaleza administrativa como es la Comisión de Propiedad Intelectual, para proceder al cierre de páginas web en caso de que sean vulnerados derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de la información.

Según ha sido anunciado por activa y por pasiva desde el Gobierno, la finalidad de este procedimiento es remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como el restablecimiento de la legalidad, cuando ésta haya sido vulnerada. Y en particular para poner fin a la “supuesta” vulneración de derechos de propiedad intelectual realizada por las páginas de enlaces.

Es decir, que si bien los jueces han venido entendiendo de manera casi unánime como lícito el acto de enlazar, parece ahora que una comisión de naturaleza administrativa, que estará funcionando en menos de dos meses, lo entenderá ahora como ilícito. 

Y lo mejor de todo (permítanme el sarcasmo), sin que ningún juez entre a valorar en ningún momento cuestión de propiedad intelectual alguna. Y es que si esto no fuera a ser así, ¿a santo de qué tanto revuelo? ¿Iba a ser creada una comisión de salvaguarda de derechos sin capacidad de salvaguarda?

Peores cosas se han visto, pero todo apunta a que esa Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya antes mencionada y esas opiniones doctrinales particulares van a servir a la Comisión de Propiedad Intelectual creada por la Ley Sinde como fuente legitimadora para la persecución y derribo de las páginas de enlaces. “Time will tell”, que dicen los sajones.

Autor: @AlexTourino